El proyecto fue aprobado ayer por 117 votos en la Cámara Baja, y ahora continúa su segundo trámite constitucional en el Senado.
En la sesión de sala de la Cámara de Diputados se aprobó ayer lunes el proyecto de ley que declara la nulidad de la controversial Ley de Pesca, también conocida como la “Ley Longueira”, que fue dictada hace una década en un polémico contexto.
El proyecto de nulidad fue aprobado por 117 diputados que remarcaron en sus intervenciones el contexto de corrupción en que se tramitó la Ley de Pesca, lo cual quedó acreditado en investigaciones judiciales, y el impacto negativo que ha tenido en los pescadores artesanales. Por otro lado, 20 parlamentarios se abstuvieron.
Al respecto, la diputada Camila Rojas, representante de la provincia de San Antonio y la región de Valparaíso (Distrito 7), señaló que la Ley Longueira “es uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia legislativa reciente. Marcada por el mayor tráfico de influencias, cohecho y corrupción del que tenga registro la política chilena. Es justamente un ejemplo de los abusos que han sufrido las y los chilenos por décadas, y frente al cual se hizo especial frente en la Revuelta Social. Resulta realmente irrisorio que frente a todo lo que se ha conocido respecto de esta ley”.
La parlamentaria de Comunes (Frente Amplio), además agregó: “Dice mucho de nuestra democracia que un acto que resulta tan evidente como anular una ley corrupta nos haya tomado tanto tiempo y sea un logro tan esperado, cuando debería ser el piso mínimo para seguir avanzando en una democracia más fuerte, en un país más justo”. Rojas también realizó un llamado a la obligación de contar con “leyes justas y libres de corrupción”, destacando que “lo que realmente necesitamos es una Nueva Constitución, y que tal como señala la propuesta que se votará este 4 de septiembre, establezca que el Estado reconozca, fomente y apoye la pesca artesanal en tanto actividad fundamental para la producción de alimentos; pero más allá aún, un Estado que consagre el comercio justo y la producción agropecuaria ecológicamente sustentable”.
La moción, que declara la nulidad de la ley 20.657 y que fue ingresada en 2016 por un grupo de parlamentarios, continuará ahora su segundo trámite constitucional en el Senado