La instalación de uno de estos recintos en el hotel Puerto Mayor beneficiaría a personeros de la UDI.
Dos investigaciones paralelas realizan organismos del Estado para determinar la veracidad de las denuncias que cuestionan la contratación de algunas residencias sanitarias, como el Hotel Puerto Mayor de San Antonio. Los tratos beneficiarían a personas vinculadas con la Unión Demócrata Independiente (UDI).
La Contraloría General de la República acogió la denuncia del diputado Andrés Celis (RN) por supuestas irregularidades en la contratación de las residencias sanitarias en la comuna de San Antonio, específicamente la del Hotel Puerto Mayor.
El parlamentario del distrito 7, que incluye San Antonio, cuestionó el vínculo entre los encargados de efectuar los contratos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga y el delegado provincial del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y core por la zona, Mauricio Araneda, y los propietarios del hotel de la Subida 21 de Mayo, la familia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, todos vinculados con la UDI.
La Fiscalía también le sigue la pista al caso y fue uno de los mismos involucrados quien lo confirmó. En el último reporte del Ministerio de Salud por la pandemia, el subsecretario Arturo Zuñiga habló de los contratos de las residencias sanitarias. “Dictamos un sumario hace días atrás, ese sumario fue tomado por la Contraloría General de la República y al mismo tiempo hicimos una denuncia en la Fiscalía que está investigando y que finalmente debe determinar si esto es un delito”, dijo.
A juicio del subsecretario “en mi opinión esto sí es un delito y por eso hice la denuncia en la fiscalía”.
Aparte del cuestionado contrato con el Hotel Puerto Mayor se agregó a la investigación el trato efectuado con el Hotel Clínico SPA, que pertenece Orlando Andrés Durán Ponce (40 años), matrón, ingeniero comercial y militante de la UDI, quien actualmente ostenta el cargo de jefe de la División de Atención Primaria del Minsal, como informó Interferencia.cl.
Las investigaciones paralelas tuvieron secuelas en el Ministerio de Salud. El jefe de la cartera Enrique Paris anunció que la administración de las residencias sanitarias quedó a cargo de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en coordinación con el alto asesor y exsubsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, relevando a Arturo Zúñiga de la función.
El Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio –dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales– emitió una orden de compra vía trato directo por $187.590.950 (IVA incluido) para contratar el Hotel Puerto Mayor , con el fin de utilizar el inmueble como residencia sanitaria en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Este negocio es controlado por la sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada, la cual pertenece a la familia del actual subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia Infante.
Mientras que en el caso del Hotel Clínico Spa del barrio Bellas Artes de Santiago se realizó un trato directo con una orden de compra por $205 millones de pesos por 40 habitaciones para ser utilizadas como residencias sanitarias para los pacientes de covid-19.