La parlamentaria sanantonina Camila Rojas valoró la medida señalando que “el acceso a internet debe ser un derecho para todos y todas”.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que incorpora el principio de equidad digital entre los estudiantes. La iniciativa asegurará la conectividad y el acceso a internet como herramienta esencial en el derecho a la educación.
La diputada sanantonina Camila Rojas (Comunes) valoró la aprobación de esta propuesta indicando que “en pleno siglo XXI, en un mundo interconectado, el acceso a internet debe ser un derecho para todos y todas, siendo clave para el acceso a la información y al conocimiento. Aprobamos este proyecto, porque el Estado debe garantizar la conexión a internet estable a las y los estudiantes y agradezco a quienes lo han promovido como una necesidad imperante”.
La parlamentaria añadió que “la pandemia dejó en evidencia, todo tipo de desigualdades en el sistema educativo. Un puñado de colegios y sus estudiantes pudieron continuar de manera virtual con todas las condiciones necesarias, pero gran parte de las y los estudiantes se enfrentaron a la dificultad de no poder ejercer el derecho a la educación: quedan en la retina las imágenes de una estudiante arriba de un techo con un computador y de profesoras y profesores usando el internet de sus celulares, que en la gran mayoría de los casos era costeado por ellos mismos. Y es que los platos rotos siempre los pagan los mismos: fueron las y los estudiantes más pobres quienes más sufrieron las peores consecuencias”.
Rojas también se refirió a la brecha en las condiciones materiales, que vivieron los estudiantes durante la pandemia declarando que la desigualdad fue evidente, por lo que apreció aún más la aprobación del proyecto de ley. “Especialmente en las condiciones para la educación online o digital fue tremenda, ahondando aún más la brecha educativa. El proyecto es claro, y define la equidad digital como el derecho de estudiantes a recibir contenidos pedagógicos de manera continua, incluso de forma remota, evitando así el limitar las posibilidades de estudiantes y la garantización efectiva de su derecho a la educación”, puntualizó.