La iniciativa tardó 7 años de tramitación en el Congreso y busca prevenir, sancionar y erradicar la agresión contra las mujeres.
La diputada sanantonina Camila Rojas (Comunes), valoró y celebró la aprobación del proyecto de Ley integral contra la violencia hacia las mujeres en el Congreso. Esta iniciativa, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, tardó 7 años de tramitación hasta ser aprobada finalmente ayer.
“A todas las mujeres de Chile quiero decirles que no estamos solas. La ley integral contra la violencia hacia las mujeres es un avance, y que sea ley este 8 de marzo es un imperativo, por eso el respaldo de la sala fue contundente. Agradecemos fuertemente el trabajo de la Ministra Orellana por la gran gestión que realizó para que esto se materializara finalmente”, declaró la parlamentaria.
Rojas argumentó que últimamente las cifras son alarmantes, puesto que llevamos 5 femicidios en lo que va del 2024, y 48 durante el 2023, según los datos de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. “Esta ley refuerza medidas cautelares, protege a hijas e hijos víctimas directas y establece un sistema integrado de gestión de casos”, apuntó.
Tras exponer en la sala de la Cámara un dramático testimonio de un femicidio, la diputada Rojas expuso que “es fuerte, doloroso, pero ocurre. Y es cierto que este proyecto no asegura que no tengamos más casos así, pero estoy segura, se que será un aporte en la prevención, la erradicación y la sanción de la violencia que a diario nos afecta”.
Para este proyecto es clave una serie de normas como: el refuerzo de las medidas cautelares, que las amplía a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de relaciones afectivas o de convivencia. La incorporación de hijas e hijos como víctimas directas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras. La creación de un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos, para reducir la cantidad de veces que las mujeres tienen que relatar lo ocurrido y evitar su revictimización. El fortalecimiento de la obligación del Estado de velar por el debido acceso a la justicia y la protección de las víctimas en todo el proceso, además del cumplimiento de las medidas cautelares.
Y, finalmente, la garantía de asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género.