La próxima semana los concejales presentarán otra querella en el Ministerio Público para que investigue el caso y determine si existió tráfico de influencias.
La investigación de la compra de cajas de alimentos en El Tabo se desarrolla en tres frentes. Uno está radicado en la Contraloría General de la República, otro en la Ministerio Público y el último al interior de la municipalidad.
El primero se instaló en el máximo órgano fiscalizador del país. La municipalidad le solicitó “su pronunciamiento, ante la eventualidad de la existencia de faltas o irregularidades”.
El otro es el Ministerio Público, con una denuncia que fue presentada por el alcalde Alfonso Muñoz. A través de un escrito emitido de forma virtual, el municipio y la autoridad comunal le pidieron a la fiscalía “que se defina desde el punto de vista jurídico, eventuales responsabilidades de uno o más involucrados, en los hechos antes descritos”, se lee en la declaración que emitió el propio municipio.
Además la próxima semana los concejales Edgardo Gómez, José Antonio Veas, Osvaldo Román y Patricio Lagos presentarían una acción legal para investigar un posible “tráfico de influencias” en la compra de 1.140 cajas de alimentos a la empresa Puesta del Sol por 43 millones de pesos.
Según la investigación existiría un vínculo entre los propietarios de esta firma y el concejal Ricardo Zurita, quien asumió recién en abril de este año, para llenar la vacante que dejó el destituido alcalde Emilio Jorquera.
Y el tercer frente se encuentra en la misma municipalidad. Según antecedentes entregados a AquiSanAntonio.cl la oferta ganadora de la licitación era el valor más alto, aunque se estimó que entregaba mejores y más productos. De igual forma se busca dilucidar internamente cómo se efectuó el proceso y si existió alguna responsabilidad.
Para conseguir este propósito se designó un fiscal que lleva la investigación para determinar si el procedimiento tiene algún vicio, porque “el alcalde instruye a la Unidad de Finanzas para que ejecute el proceso y este pasa por Adquisiciones y la unidad social (Dideco)”, relató el funcionario que prefirió proteger su identidad.
En este proceso el alcalde Muñoz no tendría injerencia, pues son procesos administrativos internos ejecutados por equipos técnicos.
Además la compra nunca se concretó, como se especuló en redes sociales, ya que la empresa no cumplió con el contrato, al incluir productos de menor valor del ofrecido en la cotización de compra de las canastas.
Esto explicaría la denuncia ciudadana que inició la investigación al interior del municipio. Un vecino grabó a personas descargando de un camión las cajas de mercadería en una casa de San Sebastián, que luego se supo era del padre del concejal Zurita.
La investigación del caso cajas de alimentos de El Tabo tiene tres frentes y sin dura pasará un tiempo para saber la verdad.