La diputada sanantonina Camila Rojas valoró el proyecto de ley que establece que las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación por parte del Estado del daño causado.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.
La norma, que fue devuelta a la Comisión de Mujeres por ser objeto de indicaciones, establece que las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación por parte del Estado del daño causado.
Esta deberá ser integral, adecuada y efectiva, e incluir garantías de no repetición. También, se garantiza su participación en la determinación de la reparación integral.
La diputada sanantonina Camila Rojas (Comunes), valoró el proyecto de ley que instaura un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas y sobrevivientes de femicidio y sus familias, señalando que “porque el femicidio es un crimen que proviene de un profundo desprecio a las mujeres, a su libertad y su identidad. Son crímenes particularmente violentos, que dañan además a toda una familia y a la comunidad. El femicidio es el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo”.
De acuerdo a lo expuesto por Rojas, este proyecto establece un régimen de protección y reparación integral a las víctimas de femicidio, “considerando también como tales a hijos, hijas y familiares, y tomando en cuenta distintas aristas de un problema que tiene muchas dimensiones. Así, se establecen medidas de protección y acceso a la justicia en los procesos penales seguidos contra agresores, cómo también normas para la reparación e indemnización a víctimas. A su vez, se establecen prioridades para acceder a determinados servicios sociales para las mujeres víctimas”.
La diputada agregó que entre otras cosas, “este proyecto de ley establece medidas de protección para víctimas en un sentido amplio, mecanismos de reparación integral siguiendo las recomendaciones de la comunidad internacional sobre la materia y le da prioridad a las víctimas en el acceso a servicios sociales como vivienda, salud, educación y trabajo, lo que no es sino un mínimo de dignidad para víctimas de violencia de género”.
Este año se han contabilizado 43 femicidios según datos de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres.